María Márquez / Enrique Pita / Imagen: Diego S. Villasante. Madrid
Rosa Aguilar ha debutado en esta legislatura como portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso. Su experiencia como alcaldesa le permite extrapolar el impacto que tendrá la disminución presupuestaria en el ámbito de los servicios sociales, de forma que muestra su preocupación por el recorte a la teleasistencia o la ayuda a domicilio a mayores, recursos muy demandados en núcleos urbanos. Especialmente pesimista se muestra con respecto a la Ley de la Dependencia, ya que duda de que el PP quiera su continuidad.

Rosa Aguilar, portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso.

Una vez formado el Gobierno de Rajoy, ¿hubo conversaciones entre PP y PSOE sobre cuestiones sanitarias y sociales?
Tengo que decir que, desgraciadamente, desde que se conformó el Gobierno del PP no ha habido diálogo alguno. Ojalá hubieran decidido dialogar con los grupos parlamentarios porque yo soy de las que piensan que estamos en el momento de hacer política con mayúsculas, para buscar acuerdo y entendimiento. Con su mayoría absoluta, el PP no dialoga y gobierna a golpe de decretazo. Esto es malo para la ciudadanía y para los políticos que estamos al servicio de los ciudadanos.

Si se hubiese producido el debate parlamentario pertinente, ¿hubiesen aceptado algún punto del Real Decreto 16/2012?
El Gobierno, a través de decretos, está cambiando cuestiones fundamentales de la vida de cada ciudadano. En este caso, se trata de un cambio radical del modelo de salud que teníamos hasta ahora y que garantizaba la universalización de la sanidad, y derechos que de pronto nos han sustraído. El Gobierno no ha querido dialogar absolutamente de nada.

Desde el PSOE hemos propuesto al PP ahorrar 6.800 millones de euros en materia sanitaria sin tener que recortar derechos ni implementar ese repago de los medicamentos que tanto va a costar a las personas mayores y al resto de la ciudadanía. Hay otras fórmulas para ir hacia la eficiencia y eficacia sin tener que acudir al recorte. Sin dialogar con nadie lo que está consiguiendo es una absoluta soledad y además, afectar los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, cuando España tiene un servicio de salud referente en Europa. En el fondo de todo esto lo que hay es una opción ideológica, y se pretende privatizar para que, al final, quede una sanidad residual para quienes no tienen medios económicos.

¿No estarían dispuestos a negociar ninguno de sus puntos?
El que no ha estado dispuesto a dialogar es el Gobierno. Se podría haber tramitado como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, que es donde reside la soberanía popular. Cuando hemos puesto encima de la mesa nuestro plan de ahorro, el Gobierno no ha querido dialogar, está cerrado a cal y canto incluso en momentos tan importantes como los que vive el país. Hay que demostrar a la ciudadanía que los políticos estamos a su servicio.

¿Les salen las cuentas de ese ahorro que prevé el Ministerio de 7.000 millones de euros?
Nos salen las cuentas de un ahorro de 6.800 millones. Punto a punto, hemos puesto encima de la mesa cómo se podrían ahorrar. Por eso entendíamos que había espacio para tramitar como proyecto de ley un RD que viene a cambiar el modelo. El problema es que se pone de manifiesto es que el PP utiliza la crisis para cambiar el modelo sanitario y educativo. La respuesta siempre es el silencio.

¿Cree que el Ministerio pone más empeño en el mensaje sanitario que en el social?
Efectivamente, en estos últimos meses se ha hablado mucho más de lo que es la sanidad porque están cambiando el modelo, desmantelando la sanidad que teníamos. Cuando llegue el mes de septiembre, y tengamos que pagar lo que nunca hemos pagado, y que haya personas a las que se les retire la tarjeta sanitaria, nos daremos cuenta de lo que está pasando. El cambio de modelo se pone claramente de manifiesto en Castilla-La Mancha, donde la señora Cospedal ha cerrado hospitales público para licitarlos y entregarlos a la iniciativa privada. Por la puerta de atrás, el PP ha colado unos recortes tremendos en lo que significan los servicios sociales y la Ley de Dependencia. Es un hachazo mortal el que le ha dado el PP. Yo temo ahora por la Ley porque al PP nunca le gustó el reconocimiento al derecho de los ciudadanos dependientes para que pudiesen estar atendidos. Han quitado de un plumazo 283 millones de euros del Nivel Acordado de la Ley, así que podemos estar en el principio del fin de la Ley de la Dependencia, afectando además a miles de empleos.

Teniendo en cuenta que la competencia de la Dependencia es autonómica, no estatal… ¿Suplirán las ccaa los fondos en un momento en que además no pueden?
El Nivel Básico de la Ley se mantiene a duras penas en los Presupuestos Generales del Estado, pero como es un crédito ampliable, se juega con ello por parte del Gobierno, dando cifras que no corresponden a la realidad.
Pero el Nivel Acordado, en el que el Gobierno aporta el 50 por ciento, ha desaparecido. Esto quiere decir, en primer lugar, que no van a entrar nuevas personas en el sistema, porque el Gobierno ha suspendido el calendario para los dependientes moderados en Nivel II. Así ha dado un golpe de tuerca más en los PGE. Además, los que ya estuvieran evaluados a 31 de diciembre de 2011, tampoco van a cobrar nada, salvo aquellos que tuvieran resolución expresa, que son prácticamente ninguno.

Van a dejar la Ley en vía muerta, en total 566 millones de euros eliminados. A esto hay que añadir pérdida de empleo y personas que tendrían ahí una oportunidad de trabajo, tampoco lo van a encontrar. Otro elemento añadido es la prevención o envejecimiento activo para prevenir la dependencia que alargue su llegada sobre los mayores. Se ha recortado un 50 por ciento la ayuda a domicilio, y la teleasistencia, tan importante para los mayores, se ha recortado en un 90 por ciento. Esto quiere decir que muchas personas se van a quedar abandonadas a su suerte. Al Plan de Discapacidad, se ha dedicado cero.

¿Y el mensaje que se da desde el Ministerio de que 6 euros de cada 10 van a la Dependencia…?
Tenemos un 0,64 del PIB destinado a Dependencia, más de 700.000 personas dependientes como consecuencia del reconocimiento del derecho de esta Ley. Si una sociedad no es capaz de reconocer y atender a sus mayores en aquello que necesitan, ni darles la oportunidad de integración a las personas con discapacidad, ni atiende una mano a las personas dependientes, es que hemos perdido algo esencial en el ser humano que son los valores que nos hacen caminar. Detrás de todos los recortes y medidas del Gobierno del PP hay una gran OPA ideológica sobre los valores de solidaridad, igualdad. No se deben tocar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Hay que optimizar en la gestión, ser eficaces, saber ahorrar y gastar menos, pero eso no significa recortar ni perder derechos.

El Gobierno aprobó la moratoria hasta 2013 de la incorporación de dependientes moderados al Sistema de Atención a la Dependencia, pero finalmente se ha ampliado hasta 2014. ¿Cómo valora esta decisión? ¿Considera, como últimamente ha señalado un informe de The Family Watch, que esta moratoria se tornará definitiva?
Yo comparto totalmente esa opinión. El PP ha decidido dejar la Ley de la Dependencia en vía muerta. Estoy convencida de que no quieren que la Ley siga desarrollándose. Han eliminado la introducción de estos dependientes, que suponen un colectivo muy importante. Por ejemplo, casi todas las personas de Síndrome de Down estarían en esta dependencia moderada de nivel 1 y 2. La moratoria huele a que se quiere poner punto y final a la Ley. Al igual que se nos están sustrayendo los derechos en el campo de la sanidad y de la educación, aquí va a pasar lo mismo. Nos podemos creer lo peor.

¿Qué sentido tiene en tanto en cuanto es un sector que genera empleo?
El gobierno hace una cosa y lo contrario. Nos recortan derechos y provoca paro. Cada día hablan de objetivos fundamentales de empleo, y cada medida que toman significa que se van miles de personas al paro. Se ha puesto de manifiesto que la Ley de Dependencia y la atención a domicilio genera empleo. Ahí están las cifras. El plan concertado de servicios sociales ha sido recortado en su presupuesto un 43 por ciento y esto ha sido así cuando los usuarios se han incrementado en un 39 por ciento, porque en estos duros momentos que estamos viviendo, muchas personas buscan amparo en los servicios sociales de su ciudad. Esto quiere decir que muchísimas personas que necesitan ser atendidos urgentemente, se quedarán sin asistencia. El propio Gobierno en sus presupuestos, reconoce que se van a cerrar más de 500 centros en toda España.

Al igual que voces críticas dicen que el RD 16/2012 tendrá un impacto en la salud de la población, ¿qué provocaría la anulación de la Ley de Dependencia en estos términos?
Yo estoy esperando que la señora Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, diga de una vez por toda la verdad, que la conozcamos en el ámbito parlamentario y el conjunto de la ciudadanía. Mucho me temo que estamos en el principio del final. Yo no me creo que en los presupuestos de 2013, que por otro lado se comprobará muy rápido, se reactive el nivel moderado de la Dependencia, porque lo que están haciendo ahora en comunidades del PP como Castilla-La Mancha, que parece el banco de pruebas del PP, es en primer lugar reevaluarlos para luego intentar reducirles el grado de dependencia que tenían reconocido. Es una nueva vía de ahorro que están usando, afectando a las personas de manera directa, y lo que provoca es que no entre nadie más en el sistema y se retrasen los pagos. Es decir, el trato que se está dando a los dependientes deja mucho que desear. Mucho me temo que esto se extenderá al resto de España. El grado moderado de dependencia ya no tendrá oportunidad de entrar y empezará a decrecer el número de atendidos, y alguno de ellos verá mermado el grado de dependencia. E incluso en algunas comunidades del PP ya han puesto tasas para evaluar a las personas dependientes, como el caso de Murcia, que son 30 euros por expediente. La actitud y política que se está empleando, deja mucho que desear.

¿No podría ser una llamada para aumentar el copago por parte del ciudadano? Es decir, la Ley preveía que el ciudadano copagase y sin embargo en la mayoría de CCAA ese nivel está muy por debajo de lo que la norma preveía…
Hay que pensar que personas dependientes que están en residencias están aportando de forma gradual, según su pensión y la autonomía. Pero aquí a lo que estamos asistiendo es a un desmantelamiento de la Ley. Al mismo tiempo, se incrementa la exigencia para que personas que necesitan la ayuda puedan obtenerla. Se trata de una Ley que fue un hito en la historia de España y ahora es una injusticia manifiesta dejar en la estacada a miles de personas. Parece que el ámbito de la Dependencia, sanitario y educativo pueden ser negocios apetitosos para el PP, que suplan el negocio del ladrillo. Esto me parece lamentable porque estamos hablando de personas.
 

Pero esa reevaluación que comenta y que se está pilotando en Castilla-La Mancha parece contraproducente porque imagino que supone más gasto, más carga burocrática…
La reevaluación que se está haciendo es sencillamente para reducir el grado de dependencia en las personas, con lo que la prestación sería infinitamente menor, el cuidado, la asistencia, y por lo tanto lo que estarían buscando es un ahorro. No se puede poner como pretexto la crisis para ahorrar en las personas que lo necesitan para su desarrollo vital, y hay personas que no pueden por sí mismas comer o vestirse y que no están recibiendo ninguna asistencia porque la Ley se ha suspendido.

Hay un objetivo detrás de todo esto: que seamos las familias, y fundamentalmente las mujeres, las que volvamos, como ocurrió durante muchos años, a cuidar a las personas dependientes en la propia familia y que no se valgan por sí mismas. Eso es lo que se busca y da igual que se pierdan miles y miles de empleos, fundamentalmente de mujeres, que son las que han estado trabajando en el ámbito de los servicios sociales y de la dependencia.

Esta situación es como decirle a la mujer “vuélvase a su casa y siga haciendo lo que ha estado haciendo pero sin recibir ningún sueldo”, es como obligar a la mujer a que cuide de sus personas dependientes, y claro que desde el punto de vista de los afectos cuidas de ellos, de tu familia, pero aquí lo que vemos es una involución para dejar una ley en vía muerta y para que se haga la función por otras personas sin que tenga la oportunidad de trabajar.

Algunos sectores han criticado que no se creara con la Ley un sistema estatal de dependencia como en su momento pudiera ser el Insalud para una vez estuviera en funcionamiento se transfiriera a las comunidades autónomas. ¿Cómo considera esta crítica?
Hay un compromiso con la Ley en el ámbito estatal, y por eso se aporta por parte de la Administración General del Estado los recursos para el nivel básico. Pero en lo que se refiere a la evaluación y al desarrollo de la Ley, lo que se pretendía al transferirlo a las autonomías era acercar a los ciudadanos y ciudadanas los espacios de decisión para resolver pronto y eficazmente el reconocimiento de sus derechos.

Sin lugar a dudas, todas las leyes son manifiestamente mejorables en su desarrollo, y la Ley de Dependencia es una norma compleja, tiene muchísimos elementos y además regulaba un espacio totalmente nuevo, y por eso, con reiteración, el Gobierno de Zapatero venía diciendo algo que desde el PSOE seguimos diciendo hoy: es una Ley que hay que perfeccionar en su desarrollo, en su aplicación, y ahora que tenemos un recorrido hecho es el momento de hacerlo aún mejor. Lo que no es momento es de enterrar la Ley. Ahora estamos en óptimas condiciones para ver qué tenemos que cambiar en cuanto al desarrollo de la Ley, cómo hacemos esa Ley mejor sin que los ciudadanos pierdan sus derechos, su ayuda, sus prestaciones, su asistencia, sin que pierdan su residencia; se trata de que sin perder derechos nos pongamos de acuerdo para mejorar la Ley de Dependencia, cómo podemos ir, sin perder la universalidad y la equidad, a mejorar el servicio sanitario con la parte social, cómo hacemos el sector sociosanitario más eficaz y más eficiente. Este es el momento de hacerlo, y por eso es momento de llegar a grandes acuerdos, de consensuar, y desde luego no es momento de quitar derechos, que es el camino que parece que está llevando el Gobierno.

La financiación ha sido el talón de Aquiles de la Ley. Cuando se hizo la primera evaluación muchas autonomías se quejaban de que habían aportado más porcentaje que el proyectado en un primer momento, que era mayor que el estatal…
Hay un hecho objetivo que es perfectamente demostrable desde los datos: desde el primer momento el PP no quiso esta Ley, la tragó a regañadientes, y, aunque no quiero ser injusta y tratar a todas por igual, la mayor parte de las comunidades autónomas gobernadas por el PP no han desarrollado adecuadamente la Ley de Dependencia, sino que han sido fundamentalmente autonomías gobernadas por el PSOE, como Andalucía, las que más han desarrollado la Ley.

Las autonomías sabían que desarrollar la Ley implicaba un esfuerzo económico, y a veces es normal que digan que no es justo que pongan más dinero que el Gobierno central y que quizá sería mejor poner la misma cantidad para favorecer más y mejor el desarrollo de una Ley que es esencial y fundamental, tanto en términos de empleo como para asistir a quienes lo necesitan. En esos términos es normal que las autonomías hayan puesto este problema encima de la mesa cuando se han reunido con el Ministerio, pero hay una realidad objetiva: hay comunidades que no han desarrollado la Ley porque no les ha interesado, porque miles de personas, como ha pasado en la Comunidad de Madrid y otras, no les interesaban y no tienen sus derechos reconocidos.

Más allá de la financiación, ¿qué servicio está más gravemente afectado?
Dentro de lo global, en los Presupuestos Generales del Estado se le ha quitado a la teleasistencia un 90 por ciento; el 50 por ciento a la ayuda a domicilio; pero es que además se ha quitado el 100 por cien del nivel concertado de la dependencia. Ahora hay que ver qué traducción tiene todo este recorte, si las personas van a tener menos prestaciones y por tanto menos posibilidades de ser atendidos, o si esa reducción drástica va a significar que no entra nadie en el sistema y con lo que hay se va asistiendo a los que ya están y claro, van saliendo personas del sistema, pero no entra nadie, lo que supone poner la Ley en vía muerta, en punto y final.

La Ley de Dependencia es una ley de extraordinaria importancia para miles de familias, no solo para las personas dependientes. Cuando una familia tiene a su cargo a un gran dependiente afecta al conjunto de la familia, y si no va a poder contar con la asistencia necesaria, al final requerirá un esfuerzo colectivo desde el punto de vista familiar. Estamos ante un drama humano, porque los servicios sociales y la atención a la dependencia tienen rostro humano, no son cifras en los presupuestos, sino que son personas a las que se está afectando.

Tanto durante la última legislatura como al comienzo de esta se ha debatido mucho sobre la necesidad de abordar la coordinación sociosanitaria. Los agentes del sector lo demandan también desde hace tiempo. ¿Cómo cree que se articulará ese plan de coordinación que anunció la ministra Mato? ¿Considera que se recogerá lo que ya había trabajado el anterior Gobierno?
Ojalá se recogiera lo ya trabajado porque eso es lo normal. Lo razonable y lo lógico es que cuando sale un Gobierno y entra otro, los trabajos realizados se recojan, se lleven adelante y sean culminados. Eso es lo normal y lo bueno para los ciudadanos. Hacer tabla rasa y empezar de cero es perder el tiempo y los ciudadanos no pueden esperar más. En ese contexto, ojalá se recogiera lo ya trabajado, que por cierto, no era un trabajo exclusivo del PSOE, sino que había colaboración de muchos profesionales, muchos colectivos, muchas organizaciones, que es como se hacen las cosas, escuchando a todo el mundo y buscando la mejor solución. Ojalá que este Gobierno cogiera ese trabajo hecho, que es buenísimo, y se dispusiera a culminarlo.

Sin embargo, cada vez que la ministra anuncia algo debo reconocer que le temo porque al final todo viene recortado por otros ministerios que no son el suyo. Parece que no es ella la que tiene que guiar las decisiones que ella debiera tomar y que están tomando otros ministros, como el de Hacienda o el de Economía. Espero que pueda haber un espacio perfectamente coordinado, trabajando conjuntamente en el marco sociosanitario, porque eso sería extraordinariamente positivo para aquellos que necesitan de esos servicios, pero también lo sería para los profesionales, tanto del ámbito social como del ámbito sanitario, porque juntos pueden más y mejor. Ojalá se pueda dialogar sobre este tema; ojalá la ministra recoja el trabajo ya realizado; y ojalá podamos culminarlo desde el diálogo, desde el consenso y desde el acuerdo, porque eso realmente es positivo y bueno.

La portavoz socialista en el plató de Sanitaria 2000, entrevistada por los redactores Enrique Pita y María Márquez.

Una de las autonomías que iba en cabeza respecto a esta coordinación sociosanitaria era el País Vasco.
Efectivamente. En el País Vasco hay experiencias extraordinariamente importantes en el campo sociosanitario. Hace poco han puesto en marcha una experiencia que es optar por una casa común para personas dependientes que necesitan servicios sociales y sanitarios y que puedan hacer su vida cotidiana como si estuvieran en su casa y que no se sientan extraños.

Creo que hay experiencias muy importantes que deben servir como referente independientemente de quién gobierne en la autonomía donde se está haciendo. En este caso concreto es el PSOE, pero no es menos cierto que son experiencias tan positivas que no se les tiene que poner siglas, sino que se tiene que poner en valor esa experiencia para poder extrapolarlas a otras autonomías e incorporarlas a un acuerdo global para todas las comunidades y con todos los grupos del arco parlamentario. Ojalá pudiéramos abrir en algún campo ese diálogo, ese consenso, es decir, la política con mayúsculas que está esperando la ciudadanía.

¿Cree que hay más clima de diálogo en el Consejo Interterritorial que en el Parlamento?
Lo que observo con sorpresa es que los ministros van primero a la sede de su partido en la Calle Génova a reunirse con los representantes de sus comunidades autónomas. Me parece que esto de primero acordarlo en el partido y luego imponerlo en otros ámbitos gracias a la mayoría absoluta no es un buen método. Parece que la lealtad institucional obliga y hay que contar con todas las comunidades autónomas porque todas las experiencias son provechosas y sirven para sacar conclusiones. Creo que ambos espacios, tanto el Consejo Interterritorial como el Parlamento, deben servir para el consenso. Pero para ese consenso hay que olvidarse de las siglas y estar más dispuestos a ese acuerdo. La ministra Ana Mato habla muchas veces de diálogo y de pacto pero todavía no nos ha llamado.

La ministra ha anunciado una Ley General de Discapacidad. ¿Se ha dirigido a ustedes para participar en el grupo de trabajo que elaborará esa ley?
En primer lugar, lo que se ha puesto de manifiesto es que el Plan de Discapacidad ha desaparecido de los presupuestos: 0 euros. Esta es la primera muestra que da el Ministerio. Son 17 programas y 44 proyectos que no se llevarán a cabo como consecuencia de haber sido eliminados del Presupuesto. Ahora habrá que ver si en los PGE de 2013 se queda con 0 euros el Plan de Discapacidad o de verdad hay un abordaje serio para que en el marco de la normativa europea y en el de la realidad española podamos tener cuanto antes una respuesta adecuada para el conjunto de la ciudadanía que está esperando que se den pasos decididos y decisivos hacia delante y no pasos hacia detrás. No me creeré nada hasta que no vea los nuevos presupuestos y hasta que la ministra ponga en marcha el diálogo, y hasta ahora nada de esto se ha dado ni se ve en el horizonte. La ministra Mato habla de diálogo pero no lo practica, no le interesa. Espero que esto cambie porque sin diálogo mal vamos a ir y mal le irá a las personas que necesitan esta Ley y que necesitan que les ayudemos y les acompañemos en su trayecto vital.

Vea la entrevista completa